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Usurpación de la identidad y falsedad documental

No hay más que ver el telediario, escuchar las noticias mientras conducimos o echar un ojo a la sección de sociedad de la prensa para enterarnos de que la Policía ha detenido a uno o dos tipos que se hacían pasar por otros tantos suplantándoles la identidad. Añadiendo al delito, las más de las veces, falsificación de documentos públicos, dinero y una retahíla de malicias propias de cacos, ladrones e indeseables. Parece que los delitos de falsedad documental y usurpación de la identidad van de la mano, como si fueran dos asignaturas de una misma carrera criminal. Si bien, ningún estamento está libre de culpa. Más de un responsable político se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados por haber firmado documentos falsos y trajines similares.

Falsedad documental

Al referirnos a falsedad documental no solo nos cernimos a la falsificación de un contrato, sino a duplicidad de moneda y documento público, como el DNI o el carné de conducir. La falsedad documental es casi tan antigua como el propio dinero y los documentos. A lo largo de la historia se han recogido casos de monedas de latón reproducidas con más o menos maña, billetes falsos y documentos de acreditación de tal o cual condición o propiedad. Los casos son tan abundantes y distintos como los objetos a copiar. Una versión de la falsedad documental es la falsificación de ropa y accesorios de vestir. Y a partir de ahí cualquier cosa imaginable. Evolucionando, los menos agraciados en inteligencia sustituyen el logotipo de la marca de su coche por otro más prestigioso, como si eso fuera a cambiar el chasis o la calidad y seguridad en la conducción.

El delito y la pena

En España la falsedad documental está tipificada como delito en el Código Penal de 1995. La ley recoge varias modalidades, adecuando la sanción o pena a imponer a la gravedad del hecho imputado. La falsificación de dinero y efectos timbrados llega a ser penada con 12 años de cárcel y una multa de diez veces el valor de lo falsificado. Eso en lo que corresponde a quien realiza la falsificación. Quien la distribuye a sabiendas de que es falsa también incurre en delito, aunque la pena es inferior. Así, si en una tienda reciben un billete falso, se percatan de nulo valor de la prenda y lo vuelven a poner en circulación para “quitárselo de encima” incurren en un delito de falsedad documental, penado con hasta 6 meses de cárcel y multa correspondiente, si el valor del billete es superior a 400 euros. El legislador rebaja la pena a la mitad (6 años) para el que falsifica un documento oficial. Por ejemplo un carné de conducir. En este caso queda inhabilitado para el ejercicio público. La falsificación incluye faltar a la verdad en una declaración oficial o narración de hechos ante la autoridad. A los funcionarios, sin embargo, la pena les exime de entrar en prisión (1 año), pero lo dejan sin empleo, aunque no sin plaza. Se suma al delito la falsificación de documentos privados con ánimo de dolo (un contrato de compraventa, por ejemplo). Además de los certificados que emiten los facultativos (médicos, peritos...) no siendo fieles a la verdad y con el propósito de engañar al órgano a que van destinado (alguno buscó que el podólogo le certificara pies planos para librarse de la mili).

Robo y usurpación de la identidad

Quizás el bien más preciado que tenemos las personas es nuestra propia identidad, nuestro ser ligado a un nombre (qué desilusión cuando conocemos a alguien con nuestro mismo nombre y apellidos). Saber que alguien está sacando provecho de nuestra identidad es un gran varapalo. Solicitud de préstamos personales, vaciado de cuentas, intrusión en nuestro correo electrónico… Son algunos de los delitos habituales clasificados como usurpación de la identidad. La proliferación de la tecnología informática ha propiciado a los piratas de la Red el hacerse pasar por otras personas, desvalijándolas a golpe de ratón. Estos escándalos suelen afectar en conjunto, siendo la inmediatez con la que se comenten los hechos la característica más llamativa. El hecho punible no queda libre de pena. La Policía, Guardia Civil y empresas de seguridad informática de toda índole luchan para rastrear las “huellas informáticas” de los cacos de la personalidad. Para estos delincuentes hacerse con nuestros datos parece no tener mucho misterio, aunque siguiendo algunas normas de seguridad básicas podemos esquivar sus malas artes. Correos electrónicos con falsos requerimientos del banco para facilitar datos bancarios, ataques organizados a entidades de crédito, robo de contraseñas y otra artes similares son las utilizadas para usurpar nuestra personalidad y delinquir; bien robándonos a nosotros mismos, bien utilizando nuestros datos para robar a otros. Evitar la usurpación de la identidad pasa por mantener siempre a la vista la tarjeta de crédito cuando se paga en un establecimiento (nada de dejar que el camarero se la lleve a la barra y la traiga cinco minutos después); tener contraseñas seguras; no utilizar la misma contraseña para todo; cambiar las contraseñas periódicamente; ser precavidos con las firmas y datos facilitados para cualquier causa sin excusa; no responder a ofertas de trabajo excesivamente atractivas; denunciar el robo de documentos tan pronto como nos hayamos percatado de la pérdida, etcétera. Quien evita la ocasión, evita el peligro. Por eso debemos ser extremadamente celosos con nuestros datos, con quienes somos. Así pues, estos delitos están perfectamente tipificados en la legislación y más que una broma son cuestiones a tomar muy en serio ya que no sería la primera vez que hay penas de cárcel por algo tan aparentemente banal como falsificar un ticket de aparcamiento. En las solicitudes de crédito o relaciones bancarias también suceden aisladamente este tipo de actuaciones. Hay que tener muy presente que las entidades de préstamo están plenamente capacitadas para su detección y que sus comités de riesgo tienen la obligación de reportar las actividades fraudulentas a la policía, con la ventaja de todo el rastro que se deja a través de la tecnología cuando se trata de solicitudes de préstamos online.
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