¿Regular la economía colaborativa que arrasa en Internet?

[Act. 18/09/2014] Poco después de la publicación de este post sobre la economía colaborativa, saltaba a bombo y platillo en todos los telediarios la noticia de la prohibición de la plataforma Uber en Alemania, bajo la amenaza de sancionar a quien incumpliera la norma con cárcel o multas de hasta 250.000 euros. Ayer sin embargo saltaba a la palestra, ya sin tanto eco, la anulación de la antedicha prohibición por parte de la justicia alemana ya que los creadores de la 'app' presentaron el correspondiente recurso. Éstos últimos rechazan las críticas, asegurando que prohibir sus servicios supone "restringir la posibilidad de elección" de los ciudadanos. Parece que la justicia Alemana también prefiere ser cauta en lo que a restricciones se refiere y sin duda es una buena noticia para el ciudadano de a pie. Yo tengo lo que tú necesitas. Más o menos ésta es la filosofía que encierra la economía colaborativa. Se trata de un modelo económico que, gracias a Internet, arrasa en Estados Unidos y Europa y que replantea la manera de compartir, alquilar, prestar bienes y servicios, y hasta dinero. Seguramente ya lo habrás utilizado. De hecho, cada vez más gente acude a estas plataformas online para compartir coche, alquilar habitaciones, obtener financiación y hasta para el cuidado de las mascotas. La oferta para elegir se dispara para los consumidores. Eso sí, esta nueva forma de trueque, que mueve millones de dólares y euros, no está exenta de polémica. Dentro de la economía colaborativa y en lo que respecta al sector financiero, destacan las plataformas de Crowdfunding, Crowdequity y Crowdlending. Las primeras, suponen la inversión conjunta y distribuida para colaborar en una acción concreta relacionada con el lanzamiento de una iniciativa. La más destacada en el panorama internacional es Kickstarter. Las plataformas Crowdequity son análogas, pero orientadas a la financiación de una empresa y por último el crowdlending hace referencia a los préstamos entre particulares. Sin duda estas alternativas son iniciativas que aumentan las opciones de los consumidores y que por su creatividad, transparencia y buen hacer, generan simpatía y consiguen hacerse un pequeño hueco en los mercados. Sin embargo, los operadores tradicionales de sectores como el turismo o el transporte están que echan chispas. Tanto, que reclaman regular unos servicios que consideran un “ataque” a sus negocios. El último ejemplo, que ocupa los titulares de los medios en los últimos meses, se trata de la guerra de los taxistas de media Europa contra la plataforma Uber. Esta empresa ofrece un servicio para compartir vehículo en entornos urbanos, a través de la descarga de una aplicación en el móvil. El usuario detecta conductores anónimos que se ofrecen para trasladarle en su coche particular a cambio de un precio previamente establecido. Esta nueva manera de viajar los taxistas la ven como un intrusismo capaz de acabar con su profesión. Una “economía sumergida”, dicen, que hay que regular. Por ello, se han lanzado a protestar en las calles. Sus manifestaciones, sin embargo, no han tenido las respuestas esperadas. Por una parte, Uber ya no necesita hacer publicidad de su actividad. Los taxistas se la han hecho y gratis. Uber no para de ganar seguidores y la simpatía de la gente. Algo que, probablemente, sin la ayuda de este colectivo no hubiera tenido tanto eco. Por otra parte, el Ministerio de Economía no se ha manifestado partidario de la prohibición. Es más, el ministro Luis de Guindos ha instado a los taxistas a adaptarse a los cambios que generan las nuevas tecnologías. Además, ha defendido que “hay que competir en igualdad de condiciones”. En esta línea, la institución que vela por el buen funcionamiento de los mercados, la CNMV, se ha mostrado tajante: “Una regulación innecesaria o desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al interés general”. Vamos, un nuevo chasco para los 'lobbys'. Y es que este organismo supervisor tampoco defiende regular una actividad “muy positiva” para el interés general y para la competencia. Según agregan, las ventajas de portales como BlaBlaCar incluyen la asignación más eficiente de los recursos infrautilizados, menores costes de transacción, mayor facilidad para detectar bases imponibles por parte de las administraciones tributarias y, sobre todo, una mayor oferta para el consumidor. Es más, los defensores de estos portales y de la economía colaborativa buscan medios para la autorregulación. Unas leyes impuestas desde dentro que velen por el buen funcionamiento de los servicios que ofrecen. Una experiencia similar, en parte, a la que ya ha llevado a la cabo la Asociación Española de Micropréstamos, de la que Contante forma parte, con su código de autorregulación, del que ya te hablamos y que puedes volver a consultar.